El 30 de junio de 1998 el Parlament de Catalunya aprobó la primera Ley de Parejas de Hecho de todo el sur de Europa. La segunda fue aceptada por las Cortes de Aragón el 12 de marzo de 1999. En ambos casos fueron consensuadas por todos los grupos parlamentarios, excepto el del Partido Popular.

Estos son los primeros textos en España y en el resto de los países de la cuenca del Mediterráneo que reconocen derechos a las parejas no casadas, tanto heterosexuales como homosexuales. Desde finales de los años 80, otros países, como los escandinavos u Holanda, han incluido en sus legislaciones los cambios necesarios para equiparar ante la Ley a cualquier tipo de unión de hecho. En la actualidad también existen leyes de parejas de hecho en las siguientes Comunidades Autónomas: Asturias, Andalucía, Canarias, La Rioja, Extremadura, Pais Valencià, Baleares, Madrid, Euskadi y Navarra. En estas dos últimas también se permite el derecho de adopción de niños por parejas de hecho homosexuales.

Las leyes aprobadas en España han permitido que, en esos territorios, parejas que conviven sin estar casadas puedan tener reconocimiento civil como tal, dentro de las competencias de las que dispone cada Comunidad Autónoma. Esto quiere decir que estas normas no incluyen nada relacionado con la Seguridad Social, la pensión de viudedad ni la legislación laboral excepto, en este último caso, en lo que se refiere a los propios funcionarios de la Generalitat.

Además del derecho de adopción, las parejas heterosexuales se benefician de una serie de ventajas administrativas. En definitiva, menos papeles y más facilidad para moverse por la Administración si quieren, por ejemplo, comprarse un piso u otro tipo de bienes o hacer el reparto legal de los mismos en caso de separación. Para convertirse oficialmente en una pareja de hecho basta con reconocerlo ante las instancias oficiales y demostrar la vida en convivencia.

Aunque legalmente las parejas de hecho no tengan los mismos derechos que las unidas de forma legal, ya ha habido varias sentencias de los tribunales a favor de los derechos adquiridos por los miembros de las parejas de hecho.

Tratamiento fiscal
Sin embargo, aunque los tribunales parezcan tenerlo claro, todavía queda mucho camino que recorrer en la equiparación de los derechos de las parejas legalmente unidas y las que no lo están. A efectos fiscales, aunque convivan juntos, los miembros de una pareja de hecho deberán hacer por separado su declaración de la renta ya que Hacienda no los reconoce como unidad familiar.

A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), existen dos únicas modalidades de unidad familiar: la formada por los cónyuges no separados legalmente y los hijos correspondientes y la formada por el padre, o la madre, soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente, y los hijos menores que con él o ella convivan, así como los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada.

Y según consta en el Manual de la Renta: “Cualquier otra agrupación familiar distinta de las enumeradas no constituye unidad familiar a efectos del Impuesto sobre la renta, independientemente de los vínculos de parentesco existentes entre las personas que la compongan y de la convivencia en un mismo domicilio”.